Periodismo de Viajes
Por Pablo Corso/ Scidevnet
En la antesala de la Cumbre sobre Biodiversidad (COP 16) que se desarrollará en Colombia del 21 de octubre al 1 de noviembre, cuatro expertos alertaron sobre los perjuicios del narcotráfico y la minería ilegal para los ecosistemas y las comunidades que los protegen, además de señalar la necesidad de abordajes coordinados por parte de los gobiernos latinoamericanos.
“Gran parte de las ganancias del narcotráfico se lavan mediante la minería de oro, que entra en circuitos legales a través de la deforestación, y la compra masiva de tierras y ganado”, explicó durante una conferencia de prensa este 4 de septiembre Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Colombia, que lleva adelante un Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Amazonia.
Estas dinámicas ilícitas llevan a diversos ataques contra las comunidades locales: invasiones de garimpeiros (mineros) armados en Brasil, grupos responsables de masacres en pueblos rurales de Colombia y reclutamiento de niños para trabajar en plantaciones de coca peruanas.
La baja presencia estatal, los altos niveles de corrupción y “décadas de estrategias de seguridad vacilantes”, según el informe Amazon Underworld, colaboran para que grupos como el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC en Colombia, y el Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho en Brasil, tomen el control de cada vez más territorios.
“En los últimos siete años se registra la curva de deforestación más grande en la historia de la Amazonia” a raíz de las actividades ilegales, remarcó Botero.
Las consecuencias son devastadoras, porque “la conectividad ecológica de la Amazonia está prácticamente perdida”, con “un efecto importantísimo de pérdida de biodiversidad” y sobre la capacidad de regulación climática de los bosques.
Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé de Brasil, recordó que “los grupos armados están activos en casi el 70 por ciento de los municipios fronterizos” de la región, lo que indica que sus delitos solo pueden desarrollarse mediante una presencia transnacional.
Oro y coca
La minería de oro ilegal representa un movimiento de hasta 12 mil millones de dólares anuales en la región, con 4.500 “puntos calientes” de actividad, precisó José Guarnizo, director general del portal Vorágine, una fundación sin fines de lucro que hace investigación sobre la vulneración de los derechos humanos y la corrupción en Colombia y el mundo.
Uno de ellos es Putumayo, en la frontera entre Perú y Ecuador. Allí, un gramo de oro se consigue a US$ 35 y luego las organizaciones armadas lo negocian a US$ 71, agregó.
Otro punto crítico es el Bajo Cauca colombiano, al noreste del país, donde las organizaciones armadas pueden obtener hasta US$ 2,4 millones anuales por un negocio que incluye el cobro de comisiones para dejar operar a las embarcaciones que extraen oro de los ríos, y la propiedad de comercios de compraventa del metal.
Además de propiciar desplazamientos forzados, la actividad daña los cursos de agua, adonde se vierten desechos de mercurio que pueden llegar a los hogares, con consecuencias para la salud que van desde temblores e insomnio hasta disfunciones motoras y cognitivas.
El procesamiento de la coca también requiere grandes cantidades de productos tóxicos como acetona, ácido sulfúrico y gasolina, que son desechados en la selva, contaminando sus recursos.
Las grandes ganancias del narcotráfico “catalizan la compra de la complicidad de funcionarios, desde guardabosques hasta alcaldes”, que “deben aceptar las apropiaciones ilegales de tierras si quieren seguir vivos”, reconoció Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio, que estudia los impactos socioecológicos del tráfico de drogas en Centroamérica.
Luego de sugerir durante la conferencia que las respuestas militarizadas pueden exacerbar las amenazas, McSweeney propuso dos escenarios ante la consulta de SciDev.Net.
“El caso más optimista es que el gobierno persigue a los traficantes, pero ese grupo se traslada a otra zona, donde redirecciona sus actividades”, comenzó. “En cambio, si hay dos grupos operando en una misma zona, la policía puede encarcelar al más débil, pero el más poderoso captura una porción tan grande del mercado que usa esa rentabilidad para asegurarse de no ser perseguido”.
Sin embargo, dejar de enfrentar al crimen organizado implicaría la aceptación de la incapacidad estatal para hacer frente a este drama, explicó Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de Argentina, quien no participó del encuentro.
Más allá del combate directo, opciones como el congelamiento de activos o las normas sobre extinción de dominio —mediante las cuales los estados pueden recuperar bienes obtenidos con dinero mal habido— “son formas de dar un mensaje positivo a la comunidad, que en muchos casos siente que hay niveles altos de impunidad”, planteó la investigadora.
“Hay que poner la lupa en los flujos internacionales que están alimentando estos mercados, tanto en sus facetas ilegales como legales”, coincidió Botero.
El anuncio en junio de un centro para el intercambio de información con base en la ciudad amazónica de Manaos asoma como un paso en esa dirección.
“Compartir inteligencia y trabajar conjuntamente entre los países vecinos es la única forma de derrotar a esas organizaciones, que también actúan en forma cooperativa y transnacional”, concluyó Sampó.
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