Por Servindi
Recientemente el gobierno peruano aprobó la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (RNMTG) destinado a proteger uno de los ecosistemas más ricos del país y que alcanza más de 115 mil ha.
La creación marca un avance importante, aunque atrasado, en la protección del patrimonio biológico marino y costero y que debe beneficiar directamente a las poblaciones de Piura y Tumbes.
La nueva reserva comprende la Isla Foca, El Ñuro, los arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, zona en la que confluyen la corriente fría de Humboldt y la corriente del Pacífico Tropical.
Ello permite condiciones únicas para que se desarrollen miles de especies de flora y fauna marina.
Cumplimiento con atraso
La RNMTG representa el 1,5 % del mar tropical del Perú y el 0,14 % del área marina total del país y responde a una obligación internacional derivada de los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.
La creación de la reserva se inscribe en la protección de áreas marinas y contribuye a la Meta del 30 x 30, que es la Meta 3 del Marco Global sobre diversidad biológica.
El acuerdo internacional establece que los países debían proteger el 10% de sus zonas marinas costeras hasta antes del 2020 y el 30% antes del 2030.
Hasta antes de la creación de la RNMTG Perú tenía apenas el 0.5% de su dominio marítimo cubierto por áreas naturales protegidas, mientras que otros países de América Latina hace bastante tiempo superaron la meta del 10%. Este es el caso de Brasil, Chile, Colombia y México.
El Perú solo contaba con la Reserva Nacional de Paracas (1975), la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (2009) y la Reserva Nacional de San Fernando (2011).
Demora injustificada
El especialista José de Echave afirma que se trata de una excelente noticia, pero “no debemos olvidar que su creación ha demorado más de diez años, debido a la férrea oposición de sectores como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos”.
Este sector argumentaba que la creación de la reserva era una iniciativa “contraria a las inversiones y una amenaza para los contratos suscritos”.
Esa oposición se produjo a pesar que el Ministerio del Ambiente siempre aclaró que la Reserva Nacional del Mar Tropical presentaba “una superposición mínima con los 10 lotes que actualmente son operados en la zona” indica Echave
Beneficios de la reserva
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro declaró que “esta área nace con la categoría de reserva nacional y con una zonificación que potenciará el turismo y las actividades económicas en las citadas regiones”.
Además, “garantizará la seguridad alimentaria y el respeto a la cultura de dichas zonas del país”, destacó.
La reserva surge de la demanda de organizaciones de pescadores que ven en la reserva una oportunidad para conservar la biodiversidad de modo compatible con su desarrollo económico, dijo el ministro.
La RNMTG alberga una gran biodiversidad marina que permite conservar una de las zonas de sustento alimenticio para el país.
De las 35 principales especies de peces desembarcados por la flota pesquera artesanal peruana, 24 tienen tienen origen en él área de la reserva.
Con su implementación se protegerán las prácticas ancestrales de pesca artesanal con veleros, reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación.
Otros beneficiarios directos de esta medida serán los más de 9 500 pescadores artesanales agremiados que desarrollan prácticas de conservación.
De igual modo, contribuirá a la reactivación económica del país y principalmente de la zona norte potenciando el turismo sostenible. Se podrán desarrollar actividades como la observación de especies marinas bandera como las ballenas, los delfines, las tortugas marinas, el tiburón ballena y las mantarrayas gigantes, entre otras.
Se estima que se obtendrán ingresos anuales por S/ 18 000 000 en avistamiento de ballenas en Piura y Tumbes. A ello se suman los recursos económicos que se generarán por servicios ecosistémicos de provisión de alimento y recreación.
La propuesta de creación resulta de un trabajo conjunto con todos los actores involucrados: Poder Ejecutivo, autoridades regionales y locales, gremio de pescadores artesanales, operadores turísticos, sector privado y la sociedad civil.
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