Periodismo de Viajes
Por Survival
En una decisión histórica, la Corte Africana ha dictaminado que el Gobierno de Kenia violó los derechos del pueblo indígena ogiek al expulsar repetidamente a la tribu de su tierra ancestral.
El Tribunal ha considerado que el Gobierno ha quebrantado siete artículos de la Carta Africana y le ha ordenado implementar “todas las medidas necesarias” para remediar las violaciones.
Los ogieks demandaron al Gobierno por violar su derecho a la vida, a los recursos naturales, a la religión, a la cultura, a la propiedad, al desarrollo y a la no-discriminación.
El caso fue presentado hace ocho años por el Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogieks (OPDP), el Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE) y el Grupo Internacional para los Derechos de las Minorías.
Daniel Kobei, director de OPDP, declaró: “Para los ogieks, esto es una historia en proceso. La cuestión de los derechos territoriales de los ogieks finalmente ha sido escuchada y el caso les ha empoderado para sentirse importantes (…) El Gobierno tiene ante sí una oportunidad para restablecer [el bosque de] Mau y restaurar la dignidad de los ogieks”.
Los ogieks son un pueblo indígena cazador-recolector que vive desde tiempos inmemoriales en el bosque de Mau del Gran Valle del Rift, en Kenia.
Han sufrido una larga historia de discriminación y expulsiones de su tierra desde la época colonial hasta ahora.
Gran parte del biodiverso bosque de los ogieks ha sido invadido y destruido por foráneos, y convertido en concesiones madereras. Algunos funcionarios del Gobierno han tratado de justificar las expulsiones en nombre de la conservación de la naturaleza, acusando falsamente a la tribu de destruir el bosque.
Por lo general, las expulsiones son violentas. Indígenas ogieks han sido asesinados y sus casas quemadas. Nunca se les ha consultado sobre las expulsiones ni tampoco han recibido ningún tipo de compensación.
El mes pasado, un organismo de la ONU expresó su preocupación sobre el trato que Kenia da las tribus cazadoras-recolectoras, y pidió al Gobierno del país que “garantizara el conocimiento legal de los derechos colectivos de los sengwers, los endorois, los ogieks y otros pueblos indígenas a la propiedad, desarrollo, control y uso de sus tierras, recursos y territorios comunales”.
Se espera que esta sentencia siente un importante precedente para otros casos de derechos territoriales en África.
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