Es tiempo de revelarnos y de rebelarnos.

Los profesionales del periodismo estamos inmersos en una grave situación que amenaza seriamente la viabilidad de nuestro oficio y, por ende, a la salud democrática del país. La crisis económica, la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y los cambios de los modelos de negocio siembran de dudas nuestro horizonte. Esta incertidumbre se acrecienta por la alarmante caída de la calidad informativa y por la pérdida de los valores éticos y deontológicos que muestra una parte significativa de la profesión, una degradación que afecta directamente a los ciudadanos, con quienes a menudo incumplimos el precepto constitucional de ofrecerles una información veraz.

El periodismo es la profesión que, porcentualmente, tiene más trabajadores en paro, por encima de sectores especialmente castigados por la crisis como la construcción y los servicios. Todos los medios de comunicación de Andalucía, públicos o privados, han adoptado medidas económicas y laborales. Proliferan los ERE, los despidos, los recortes salariales y los contratos en condiciones indignas. Algunas empresas aprovechan la coyuntura para prescindir de los periodistas más experimentados y sustituirlos por becarios o recién licenciados, a los que pagan, cuando lo hacen, salarios humillantes. A ello se suma un intrusismo inaceptable, la moda creciente de ofertas de empleo gratis o, en el colmo del despropósito, quienes pretenden cobrar a los periodistas por trabajar. Calamitoso es también el caso de los fotógrafos y los reporteros gráficos, considerados habitualmente como profesionales “de segunda división”, excepto cuando son protagonistas de tristes noticias y pasan a ser periodistas con mayúsculas. El escenario se configura con miles de compañeros que han perdido su trabajo, que se buscan la vida donde y como pueden, y con otros miles que salen de las facultades de Comunicación para incorporarse a un mercado laboral inexistente, resignados a ser explotados como mano de obra barata (Solo la Facultad de Sevilla aporta cada año 500 nuevos licenciados y, este curso, 1.500 alumnos han elegido esta carrera como primera opción). Como la demanda de trabajo es tan desproporcionada respecto a la oferta, parece que tengamos que dar gracias por un empleo, aunque sea en extrema precariedad.

El incremento de los costes, el fuerte descenso de la publicidad y de las ventas, la pérdida de oyentes y espectadores por la proliferación de ofertas y la todavía falta de rentabilidad del negocio digital son los argumentos para justificar que muchos medios de comunicación hayan desaparecido y que otros estén a punto de hacerlo. Esas razones son ciertas, pero también lo son que muchas empresas han optado por imponer planteamientos meramente mercantilistas sobre los periodísticos y que han renunciado a la calidad, que es lo que importa y donde radica nuestra seña de identidad. Urge un cambio de esa mentalidad empresarial, al igual que urge una defensa de los medios de comunicación públicos, amenazados con medidas que pueden suponer su desmantelamiento. Los medios públicos, públicos de verdad, son irrenunciables para los periodistas y para los ciudadanos, porque son la garantía de la información en libertad.

Las administraciones públicas no pueden permanecer al margen de esta situación. La inspección de Trabajo tiene que intervenir ante las tropelías que sufren los periodistas y expedientar y sancionar a las empresas que incumplan la ley. Las instituciones han de ser las primeras en dar ejemplo. Por ello, no podemos consentir que en los organigramas de la mayoría de las administraciones andaluzas no exista la categoría profesional de periodista, por lo que no nos dan opción a participar en concursos u oposiciones, algo que sí sucede en el resto de profesiones. La Asociación de la Prensa de Sevilla propone constituir una mesa de trabajo, en la que estén representados todos los sectores implicados, para analizar la situación y aportar soluciones. 

 
Es evidente que nuestra profesión vive una etapa de profunda transformación, el fin de una época que desembocará en un nuevo modelo. Pero tenemos claro que la salida ha de pasar siempre por hacer periodismo. La viabilidad de nuestro oficio exige restituir la maltrecha confianza con la sociedad, reconstruir los puentes rotos que nos unen a ella. Sin información veraz puede haber ciudadanos, pero no ciudadanía. Estamos obligados a recuperar principios fundamentales de la profesión: la vocación, la formación, la calidad, la veracidad, la independencia y la crítica honesta.

Desgraciadamente, muchos de esos valores se ven vapuleados por la precariedad laboral, los bajos salarios, las presiones de toda índole y la confusión que nos arrasa. Volvamos al periodismo auténtico, al que cuenta con honestidad lo que ve, al que sale a la calle. Dejemos el periodismo de mesa o de batín y zapatillas, propiciado por la generalizada práctica interesada de grupos que nos sirven a la carta su supuesta información. Eso no es periodismo. Tampoco lo es gran parte de lo que se hace en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hacia las que camina el futuro de la profesión. A los periodistas también nos toca cambiar de mentalidad, ser valientes, plantear alternativas al tradicional trabajo asalariado, acometer proyectos propios que pueden ser viables, crear sociedades laborales y cooperativas o virar al autoempleo.

Es tiempo de revelarnos y de rebelarnos. Tiempo de concienciarnos de nuestra situación y de trasladar a los ciudadanos, a los que nos dirigimos y nos debemos, que si el periodismo se debilita se empobrece la democracia. Hora de superar conformismos, miedos y lamentos y de, con imaginación y compromiso, trabajar en la búsqueda de soluciones reales. Hay que recuperar el orgullo de ser periodista y la dignidad, el prestigio y la credibilidad. Cualquiera que escriba no es periodista, y sin periodistas de verdad no hay periodismo. Las asociaciones de la prensa, y a partir de ahora el Colegio de Periodistas de Andalucía, tenemos que liderar una movilización pacífica, solidaria y contundente, con la obligación de no fallar y de no defraudar las expectativas. Los ciudadanos tampoco pueden permanecer pasivos: la información veraz es su derecho y, si alguien se la hurta, deben acudir a los tribunales. Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos.