Periodismo de Viajes
Por Juliana Afonso
(Corresponsal en Brasil)
El conflicto sobre la hidroeléctrica Belo Monte es hoy uno de los problemas ambientales más complejos de Brasil. Hace tres décadas que las autoridades y los pueblos indígenas discuten el proyecto, que prevé la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte del Brasil.
Belo Monte producirá más de 11.000 MW, el suficiente para abastecer una región de 26 millones de personas con perfil de alto consumo, como en el estado de São Paulo. Sin embargo, esa construcción supone la inundación de 500 kilómetros cuadrados y ocasiona graves impactos para las comunidades y pueblos indígenas que viven cerca del terreno. Sin contar el cambio en el flujo natural del río y el perjuicio de fauna y flora locales.
El tema ha vuelto a la prensa en el mes de abril, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno brasileño la suspensión inmediata del proceso de concesión de licencias para la central de Belo Monte. El documento fue la reacción a un pedido de varias instituciones, en su mayoría, movimientos por la defensa de los derechos humanos, contra su construcción.
En el documento, la OEA afirma que los trabajos de la hidroeléctrica no pueden continuar sin las consultas a las comunidades indígenas que serán afectadas. Además, la organización pide también un estudio de impactos ambientales que pueda mostrar realmente las mudanzas que su instalación va a producir y amplias medidas de protección a la vida de los indígenas, como programas que impidan la propagación de enfermedades.
Como respuesta, el Itamaraty (la sede del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil), divulgó una nota a la prensa diciendo que las demandas de los indígenas fueron escuchadas. En entrevista a Rede Brasil Atual, el director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), Nelson Hubner, dijo que la OEA no es competente para impugnar la concesión de la licencia. “Todos los aspectos fueron vistos con el rigor de la legislación brasileña, tanto que todas las medidas cautelares fueran revocadas y han autorizado el inicio de las obras”.
Por el momento, la discusión sigue en los sitios webs y gana adeptos de todas las partes. Los movimientos por el medio ambiente, por los derechos humanos y por los pueblos indígenas buscan alternativas para mostrar a las autoridades que la central no merece la pena y supondría un verdadero desastre ecológico.
Décadas de controversia
Los estudios acerca de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte empezaron en 1975, mientras la dictadura militar brasileña. Fue planeada para ser la mayor central de Brasil (la Itaipú es más grande, al ser fronteriza con Paraguay no es enteramente brasileña) y la tercera mayor del mundo, tras la de Itaipú y la de Tres Gargantas, en China.
En el año de 1989, fue realizada la Primera Reunión de los Pueblos Indígenas del Xingú, en Altamira (Pará). Participación de más de 3 mil personas, la reunión tenía como objetivo frenar las políticas que ignoraban las opiniones y los derechos humanos de los indígenas. Esta reunión supuso una clara protesta contra Belo Monte.
Durante todos estos años, los pueblos se organizaron con la intención de unir el número máximo de personas y llamar la atención de las autoridades contra la central. Entre sus logros está la creación de varias Organizaciones no Gubernamentales, como el Movimento Xingú vivo para sempre, y la entrega de firmas contra las empresas implicadas y el gobierno.
El proceso de la construcción y la concesión de licencias se suspendieron en diversas ocasiones. Tras muchas denuncias, recursos y protestas en enero de 2011, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama), concedió la licencia para el inicio de las obras en Belo Monte.
El coste estimado de Belo Monte es de 19.000 millones de reales brasileños -alrededor de 8.000 mil millones de euros-. Está proyectado que la construcción se finalice en su totalidad en el 2019, pero se prevé que ya en el 2015 comience a funcionar en parte. Nadie ha calculado –porque es incalculable- el coste que supondrá para el medio ambiente y los pueblos indígenas que habitan este territorio desde tiempos ancestrales. Mientras tanto el Movimiento Xingú sigue peleando por el derecho de los pueblos. Organizaciones de diez países latinoamericanos presentaron el día 5 de junio un documento a la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) para solicitar que se garanticen los derechos humanos y se cumplan las medidas cautelares exigidas por la CIDH (Convención Americana de Derechos Humanos).
Fuentes:
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Eloy Lima olivera (martes, 27 septiembre 2011 14:57)
Definitivamente vivimos otros tiempos. Descubrir el lugar, diseñar, gestionar la financiación, y construir una gran hidroeléctrica, un gran proyecto agroenergético, o minero, o mas sencillamente una gran carretera de penetración, ya no depende sólo de la planificación gubernamental. El factor social, llámese impacto ó afectación de las colonias humanas asentadas históricamente en los territorios involucrados es una variable que entra a tallar dentro del campo de las conveniencias o inconveniencias, y cuyo intento de convertir en suma en vez de resta, mucho dependerá de las políticas estatales dentro de un novedoso marco internacional de tratamiento en estos derechos